Acuerdos. MPCEIP-VAP-2023-0002-A Expídese el Plan Nacional de Control Sanitario de Acuicultura y Pesca

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Fecha de publicación	22 Septiembre 2023
Sección	Acuerdos
Emisor	Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca

Registro Ocial - Tercer Suplemento Nº 402

Viernes 22 de septiembre de 2023

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a 05 de septiembre de 2023.

Darío Fernando Cueva Valdez

COORDINADOR GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

DELEGADA DEL MINISTRO DEL AMBIENTE, AGUA Y TRANSICIÓN

ECOLÓGICA͘

Firmado electrónicamente por:

DARIO FERNANDO

CUEVA VALDEZ

ACUERDO Nro. MPCEIP-VAP-2023-0002-A

SR. ABG. ANDRÉS ARENS HIDALGO

VICEMINISTRO DE ACUACULTURA Y PESCA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 85 numeral 1, prescribe que la

formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen

derechos reconocidos por la Constitución, se regularán por medio de políticas públicas, y se orientarán

para hacer efectivo el cumplimiento del Sumak Kawsay o Buen Vivir, así como todos los derechos,

formulándose a partir del principio de solidaridad;

Que, el artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “A las ministras y

ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les corresponde: “1. Ejercer la

rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas

que requiera su gestión”;

Que, el artículo 226 Ibídem señala que “Las Instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las

servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán

solamente las competencias y facultadas que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Tendrán el

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los

derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, señala: “La administración pública

constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y

evaluación”;

Que, el artículo 233 de la Carta Suprema establece: “Ninguna servidora ni servidor público estará exento

de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán

responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o

recursos públicos. (…)”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 284 señala: “La política económica

tendrá los siguientes objetivos: 2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad

sistemáticas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la

economía mundial, y las actividades productivas complementarias en la integración regional.”;

Que, el artículo 304, numeral 1, de la Constitución de la República del Ecuador, sostiene que la política

comercial tendrá objetivos entre ellos el de desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a

partir del objetivo estratégico establecido en el plan Nacional de Desarrollo;

Que, el numeral 4 del artículo 30 del Código Orgánico del Ambiente, establece como uno de los

objetivos del Estado relativos a la biodiversidad regular el acceso a los recursos biológicos, así como su

manejo, aprovechamiento y uso sostenible;

Que, la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, en su artículo 1, establece: “Objeto.

La presente Ley tiene por objeto establecer el régimen jurídico para el desarrollo de las actividades

acuícolas y pesqueras en todas sus fases de extracción, recolección, reproducción, cría, cultivo,

procesamiento, almacenamiento, distribución, comercialización interna y externa, y actividades conexas

como el fomento a la producción de alimentos sanos; la protección, conservación, investigación,

explotación y uso de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas, mediante la aplicación del enfoque

ecosistémico pesquero de tal manera que se logre el desarrollo sustentable y sostenible que garantice el

acceso a la alimentación, en armonía con los principios y derechos establecidos en la Constitución de la

República, y respetando los conocimientos y formas de producción tradicionales y ancestrales.”;

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* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Tercer Suplemento Nº 402 - Registro Ocial

Viernes 22 de septiembre de 2023

Que, la Ley ibídem, en su artículo 2, prescribe: “(…) Las disposiciones de la presente Ley, dentro del

ámbito pertinente, son de aplicación a la sanidad de los cultivos y a la calidad e inocuidad de los

productos acuícolas y pesqueros para el consumo humano directo e indirecto, sin perjuicio de las normas

aplicables en materia de salud pública (...)”;

Que, la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca en su artículo 14 numeral 4 establece

como una de las atribuciones del ente rector “Expedir política pública, normativa técnica en materia

acuícola, pesquera y otros instrumentos legales para la correcta aplicación de la presente Ley;

Que, el artículo 30 de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, dispone:

“Aplicación. Las disposiciones de la presente Ley, dentro del ámbito pertinente, son de aplicación a la

sanidad de los cultivos y a la calidad e inocuidad de los insumos, productos acuícolas y pesqueros para el

consumo humano directo e indirecto, sus cadenas productivas y actividades conexas. La normativa

nacional e internacional será aplicable al ámbito del presente Título, para la verificación sanitaria y de

sanidad de los procesos productivos y la certificación sanitaria de los productos de acuicultura y pesca de

importación y exportación.”;

Que, el artículo 31 de la referida Ley, establece: “Normas de control sanitario y de sanidad acuícola y

pesquera. Será función del ente rector de la política acuícola y pesquera nacional, expedir las normas para

control sanitario y sanidad acuícola y pesquera, sobre la cadena productiva y sus actividades conexas;

verificar el cumplimiento de estándares de calidad e inocuidad de los productos de acuicultura y pesca,

así como en los insumos relacionados, brindando las garantías sanitarias requeridas por los distintos

mercados. Para esto, el ente rector ejecutará: a) El Plan Nacional de Control Sanitario, para el control y

habilitación sanitaria de establecimientos y sus líneas de proceso y la certificación sanitaria de productos

acuícolas y pesqueros, así como la emisión de certificado de registro sanitario unificado de los insumos;

(…)”;

Que, el artículo 33 de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, establece: “De la

Habilitación Sanitaria acuícola y pesquera. La persona natural o jurídica que se encuentre legalmente

constituida y autorizada por el ente rector competente para realizar las actividades acuícolas y pesqueras

en cualquiera de sus fases y actividades conexas, debe solicitar la habilitación sanitaria ante la Autoridad

de Control Sanitario y de Sanidad Acuícola y Pesquera para su inclusión en el registro de

establecimientos habilitados para producir, procesar, comercializar o transportar productos e insumos,

previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento a la presente Ley, como está descrito

en el Plan Nacional de Control. El registro será de conocimiento público y tendrá la calidad de listado

oficial ante los organismos nacionales e internacionales. El cumplimiento de los protocolos técnicos en el

Plan Nacional de Control Sanitario determinará la inclusión o permanencia en el listado oficial

respectivo, con base en el cual la Autoridad Sanitaria, en materia acuícola y pesquera, tendrá la potestad

de ofrecer las garantías oficiales necesarias para certificar los productos acuícolas y pesqueros.”;

Que, el artículo 35 de la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, establece: "De los

Mecanismos de Control. El Plan Nacional de Sanidad Animal Acuícola y el Plan Nacional de Control

Sanitario deben considerar: los protocolos técnicos de vigilancia y contingencia, de registro de

establecimientos con habilitación sanitaria, de verificación regulatoria, de trazabilidad, de gestión de

crisis, protocolos para laboratorios de ensayo oficiales y autorizados, de certificaciones para la

producción acuícola y pesquera, entre otros, los que se ejecutarán a través de las áreas técnicas, siendo

estos aplicables a todos los establecimientos que intervienen en la cadena de producción y procesamiento

de recursos acuícolas y pesqueros y sus actividades conexas.";

Que, la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, en su artículo 38, prescribe:

“Articulación con el Sistema Nacional de la Calidad. El ente rector, de acuerdo con sus lineamientos y

atribuciones, coordinará con las instituciones del Sistema Nacional de la Calidad, los procesos de

normalización, evaluación de la conformidad, certificación, acreditación, y otros servicios de calidad,

para complementar las actividades técnicas de su competencia. El ente rector deberá regular, controlar y

certificar la inocuidad, calidad y sanidad de los productos acuícolas y pesqueros, de acuerdo con los

requisitos, procedimientos y parámetros que se establezcan en el Reglamento de esta Ley y las normas

técnicas que emita el ente rector en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de la

Calidad.”;

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* Documento firmado electrónicamente por Quipux

Que, el Reglamento a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, en su artículo 34,

referente a la Información exigible, establece que el ente rector de la acuicultura y pesca no podrá exigir

la presentación de originales o copias de documentos que contengan información que repose en las bases

de datos de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos o en bases

develadas por entidades públicas. Solo podrán requerir la actualización de los datos o documentos

entregados previamente, cuando éstos han perdido vigencia conforme la ley y en concordancia con la Ley

para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos.

Que, el Reglamento General a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, en su

artículo 58 establece que “Con la finalidad de garantizar la inocuidad, calidad, sanidad, trazabilidad y

legalidad de los productos acuícolas y pesqueros, los operadores del sector que se dediquen a la captura,

procesamiento, importación, exportación y, en general, a todas las fases de producción y

comercialización de todos los productos acuícolas y pesqueros están sujetos a los procedimientos de

inspección y control por parte las autoridades estatales correspondientes…”;

Que, el Reglamento General a la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, en su

artículo 217, se refiere a las Medidas de seguimiento, control y vigilancia y establece que “El ente rector

implementará las medidas de seguimiento, control y vigilancia señaladas en la Ley y el Reglamento, las

cuales serán aplicables a toda actividad pesquera, actividades relacionadas con la pesca y actividades

conexas a fin de velar por el cumplimiento de la legislación nacional vigente y de los acuerdos, convenios

y tratados internacionales de los cuales Ecuador sea parte contratante o cooperante no contratante…”;

Que, el Código Orgánico Administrativo, en su artículo 98, señala: “Acto Administrativo es la

declaración unilateral de voluntad, efectuada en ejercicio de la función administrativa que produce

efectos jurídicos individuales o generales, siempre que se agote con su cumplimiento y de forma directa

se expedirá por cualquier medio documental, físico o digital y quedará constancia en el expediente

administrativo.”;

Que, el artículo 99 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: “Requisitos de validez del acto

administrativo. 1. Competencia; 2. Objeto; 3. Voluntad; 4. Procedimiento; 5. Motivación”;

Que, el artículo 101 del referido Código, determina: “Eficacia del acto administrativo. El acto

administrativo será eficaz una vez notificado al administrado. La ejecución del acto administrativo sin

cumplir con la notificación constituirá, para efectos de la responsabilidad de los servidores públicos, un

hecho administrativo viciado.”;

Que, el artículo 103 del Código Orgánico Administrativo establece las causas de extinción del acto

administrativo. ( …);

Que, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones en su artículo 101, referente a la

Eficiencia en el servicio público, establece que “El Estado adoptará medidas específicas para apoyar la

generación de competitividad sistémica, a través de la reducción costos de transacción, mediante la

eliminación de trámites innecesarios, así como promoverá una cultura pública de servicio de calidad. Se

propenderá al uso de mecanismos informáticos y telemáticos de obtención, validación e intercambio de

información y otras medidas de gobierno electrónico…”

Que, la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos en su artículo 8,

referente a las políticas para la simplificación de trámites, deberá estar orientada a (…) “2) La reducción

de los requisitos y exigencias a las y los administrados, dejando única y exclusivamente aquellos que sean

indispensables para cumplir el propósito de los trámites o para ejercer el control de manera adecuada. 3) a

reforma de los trámites de manera que permita la mejora de los procedimientos para su cumplimiento por

parte de las y los administrados.”;

Que, el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, en su artículo 89

establece: “Los actos administrativos que expidan los órganos y entidades sometidos a este estatuto se

extinguen o reforman en sede administrativa de oficio o a petición del administrado (…).”;

Que, el artículo 99 ibídem, prescribe: “Los actos normativos podrán ser derogados o reformados por el

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