Acuerdos. MIES-2023-050 Regúlese el pago del bono de contingencia para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico

• Fecha de publicación: 12 Diciembre 2023
• Sección: Acuerdos
• Emisor: Ministerio de Inclusión Económica y Social

Registro Ocial - Cuarto Suplemento Nº 455

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Martes 12 de diciembre de 2023

Razón: Siento como tal que, Señor Iván Felipe Vallejo Moscoso,con cédula de

ciudadanía Nro. 0102191376, en calidad de Director de Gestión Documental y

Atención Ciudadana, conforme se desprende de la Acción de Personal Nro.

GMTTH-0723,de fecha 17 de julio de 2023; de conformidad a las atribuciones y

responsabilidades establecidas en la Reforma Integral al Estatuto Orgánico de

Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Inclusión Económica y

Social, expedido mediante Acuerdo Ministerial Nro. 030, el 16 de junio de 2020,

publicado en el Registro Oficial, Edición Especial, Nro. 1099, de 30 de septiembre

de 2020;Certifico: Que las tres (03) fojas que anteceden, son Fiel Copia del

Original, documentación que reposa en los expedientes de la Dirección de

Gestión Documental y Atención Ciudadana,de esta Cartera de Estado.- Lo

certifico.- Quito a 28 de noviembre de 2023.

Señor Iván Felipe Vallejo Moscoso

Director de Gestión Documental y Atención Ciudadana

MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Elaborado por: Danilo Durán. 28-11-2023

Firmado electrónicamente por:

IVAN FELIPE VALLEJO

MOSCOSO

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MIES-2023-050

Mgs. Esteban Remigio Bernal Bernal

MINISTRO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

CONSIDERANDO:

Que, el numeral 5 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, señala

que es deber primordial del Estado, planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza,

promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la

riqueza, para acceder al buen vivir;

Que, el numeral 4 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador,

determina que ninguna norma jurídica puede restringir el contenido de los derechos ni de

las garantías constitucionales;

Que, el artículo 35 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “las

personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas

con discapacidad, personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de enfermedades

catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada en los

ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil,

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial protección a las

personas en condición de doble vulnerabilidad”;

Que, el numeral 6 del artículo 38 de la Constitución de la República del Ecuador,

establece que el Estado tomará medidas de atención preferente para las personas adultas

mayores en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias;

Que, el numeral 3 del artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador,

dispone que el Estado tomará medidas de atención referente para las personas adultas

mayores en casos de desastres, conflictos armados y tipo de emergencias;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 154, señala que, a las

ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les

corresponde: 1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir

los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión;

Que, el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto yfin,

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en

armonía con la naturaleza; y, tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir;

Que, el numeral 1 del artículo 284 de la Constitución de la República del Ecuador,

establece que la política económica tendrá, entre otros objetivos, el asegurar una

adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional;