Acuerdos. MDT-2024-041 Expídese el Reglamento que regula el trámite administrativo de visto bueno

• Fecha de publicación: 26 Marzo 2024
• Sección: Acuerdos
• Emisor: Ministerio Del Trabajo
• Tipo de documento: Acuerdos

Registro Ocial - Segundo Suplemento Nº 526

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Martes 26 de marzo de 2024

Segunda.- Las actuaciones de los servidores delegados, de conformidad con el

artículo 71 del Código Orgánico Administrativo, se consideran adoptadas por el

delegante, así como la responsabilidad por las decisiones adoptadas por los

delegados en ejercicio de la misma, por lo que, serán responsables por cualquier

falta de acción u omisión en el ejercicio de sus funciones.

Tercera.- Los servidores delegados de conformidad con el artículo 59 del Estatuto

del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva, en todo acto o

resolución que vayana ejecutar o adoptar en virtud de esta delegación harán

constar expresamente esta circunstancia, y deberánobservar las disposiciones

constitucionales, legales y reglamentarias.

Cuarta.- Las delegaciones otorgadas a través del presente Acuerdo Ministerial no

podrán ser cedidas o sustituidas a favor de un tercero.

Quinta.- Las disposiciones del presente Acuerdo Ministerial se aplicarán en

concordancia con lo dispuesto en el Acuerdo Ministerial Nro. MDT-2024-012 de 18

de enero de 2024,publicado en el Registro Oficial Nro. 497 de 14 de febrero de

2024.

DISPOSICIÓN FINAL

Este Acuerdo Ministerial entrará en vigencia a partir de su suscripción, sin

perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Comuníquese y publíquese.-

En la ciudad de San Francisco de Quito,Distrito Metropolitano, a los 19 días del

mes de marzo de 2024.

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa

MINISTRA DEL TRABAJO

Firmado electrónicamente por:

IVONNE ELIZABETH

NUNEZ FIGUEROA

REPÚBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DEL TRABAJO

ACUERDO MINISTERIAL Nro. MDT-2024-041

Abg. Ivonne Elizabeth Núñez Figueroa

MINISTRA DEL TRABAJO

CONSIDERANDO:

Que el artículo 75 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Toda persona

tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de

sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún

caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será

sancionado por la ley.”;

Que los literales a) b) y c) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República

del Ecuador respecto del aseguramiento al debido proceso disponen: que nadie podrá ser

privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento, que las y los

ciudadanos deben contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación de su

defensa y que los mismos deben ser escuchados en el momento oportuno y en igualdad de

condiciones;

Que el literal l) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecua dor

se manifiesta imperativamente: “(…) l) Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser

motivadas. No habrá motivación, si en la resolución no se enuncian las normas o principios

jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación antecedentes de

hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente

motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables, serán

sancionados.”;

Que el literal m) del numeral 7 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador

reconoce el derecho a la doble instancia en los procedimientos administrativos o judiciales,

al expresar: “(…) m) Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se

decida sobre sus derechos”;

Que el artículo 169 de la Constitución de la República del Ecuador prevé: “El sistema

procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía

procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará la justicia por

la sola omisión de formalidades.”;

Que el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.”;