Acuerdos. 0132 Deléguese a la señora Mgs. Sandra Patricia Molina Barreiro, Viceministra de Seguridad Ciudadana, para que comparezca y suscriba el Memorando de Entendimiento Red para la Verificación Operativa Inmediata de Documentos de Viaje e Identidad

• Fecha de publicación: 21 Noviembre 2023
• Sección: Acuerdos
• Emisor: Ministerio Del Interior

Martes 21 de noviembre de 2023 Registro Ocial Nº 441

2

Acuerdo Ministerial Nro. 0132

Ing. Juan Ernesto Zapata Silva

MINISTRO DEL INTERIOR

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “El derecho a

la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes.”;

Que, el artículo 154 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador faculta a los

Ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la Ley, ejercer la rectoría de

las políticas públicas del área a su cargo y expedir acuerdos y resoluciones administrativas

que requieran su gestión;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”;

Que, de conformidad con el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, la

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación,

participación, planificación, transparencia y evaluación;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: “Ninguna

servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en

el ejercicio de sus funciones, o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil

y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos. Las

servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados

de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de

peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las

penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y

continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se

aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes

señaladas”;

Que, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en su

artículo 63, dispone: “Rectoría.- Al ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección

interna y orden público le corresponde dirigir las políticas, planificación, regulación, gestión

ycontrol de la Policía Nacional.”;

Que, el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, en su

artículo 64, establece que el titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección

interna y orden público tendrá las siguientes funciones: “(…) 4. Ejercer la representación

legal, judicial y extrajudicial de la Policía Nacional (…)”;

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 1, determina: “Objeto.- Este Código

regula el ejercicio de la función administrativa de los organismos que conforman el sector

público”;

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 47, dispone: “Representación legal

de las administraciones públicas. La máxima autoridad administrativa de la correspondiente

entidad pública ejerce su representación para intervenir en todos los actos, contratos y

relaciones jurídicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegación o

autorización alguna de un órgano o entidad superior, salvo en los casos expresamente

previstos en la ley.”;

Que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 69 del Código Orgánico Administrativo

respecto de la delegación, señala: “Delegación de competencias. Los órganos administrativos

pueden delegar el ejercicio de sus competencias, incluida la de gestión, en: 1. Otros órganos

o entidades de la misma administración pública, jerárquicamente dependientes. 2. Otros

órganos o entidades de otras administraciones. 3. Esta delegación exige coordinación previa

de los órganos o entidades afectados, su instrumentación y el cumplimiento de las demás

exigencias del ordenamiento jurídico en caso de que existan. 4. Los titulares de otros órganos

dependientes para la firma de sus actos administrativos. 5. Sujetos de derecho privado,

conforme con la ley de la materia. La delegación de gestión no supone cesión de la titularidad

de la competencia.”;

Que, el artículo 70 del Código Orgánico Administrativo, dispone: “La delegación contendrá:

1. La especificación del delegado. 2. La especificación del órgano delegante y la atribución

para delegar dicha competencia. 3. Las competencias que son objeto de delegación o los

actos que el delegado debe ejercer para el cumplimiento de las mismas. 4. El plazo o

condición, cuando sean necesarios. 5. El acto del que conste la delegación expresará además

lugar, fecha y número. 6. Las decisiones que pueden adoptarse por delegación. La delegación

de competencias y su revocación se publicarán por el órgano delegante, a través de los

medios de difusión institucional.”;

Que, el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo referente a los efectos de la

delegación, prescribe: “Son efectos de la delegación: 1. Las decisiones delegadas se

consideran adoptadas por el delegante. 2. La responsabilidad por las decisiones adoptadas

por el delegado o el delegante, según corresponda.”;

Que, el artículo 72 del Código Orgánico Administrativo relativo a la prohibición de

delegación, determina: “1. Las competencias reservadas por el ordenamiento jurídico a una

entidad u órgano administrativo específico. 2. Las competencias que, a su vez se ejerzan por

delegación, salvo autorización expresa del órgano titular de la competencia. 3. La adopción

de disposiciones de carácter general. 4. La resolución de reclamos en los órganos

administrativos que hayan dictado los actos objeto de dicho reclamo. En ningún caso, el

objeto de la delegación de gestión puede referirse a prestaciones en los contratos públicos,

cuando se la instrumenta con respecto a una contraprestación dineral.”;