Acuerdos. 0101 Expídese la reforma al Reglamento para el porte y uso de armas y tecnologías menos letales; y, equipos de protección para las entidades complementarias de seguridad ciudadana y orden público de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos

• Fecha de publicación: 25 Septiembre 2023
• Sección: Acuerdos
• Emisor: Ministerio Del Interior
• Tipo de documento: Acuerdos

Registro Ocial - Segundo Suplemento Nº 403

15

Lunes 25 de septiembre de 2023

Acuerdo Ministerial Nro. 0101

Ing. Juan Ernesto Zapata Silva

MINISTRO DEL INTERIOR

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 8 del artículo 3, establece:

“Son deberes primordiales del Estado: (…) 8. Son deberes primordiales del Estado: (…) 8.

Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir

en una sociedad democrática y libre de corrupción (…)”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 82, determina: “El derecho

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 11 del artículo 83 señala:

“Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de

otros previstos en la Constitución y la ley: (…) 11. Asumir las funciones públicas como un

servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad ya la autoridad, de acuerdo con la

ley (…)”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en el numeral 1 de su artículo 154, dispone:

“A las ministras y ministros de Estado, además de las atribuciones establecidas en la ley, les

corresponde: “1. Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a su cargo y expedir

los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 158, prescribe: “Las Fuerzas

Armadas y la Policía Nacional son instituciones de protección de los derechos, libertades y

garantías de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas tienen como misión fundamental la

defensa de la soberanía y la integridad territorial. La protección interna y el mantenimiento

del orden público son funciones privativas del Estado y responsabilidad de la Policía

Nacional. Las servidoras y servidores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se

formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos, y respetarán la

dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al

ordenamiento jurídico”;

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 266, establece: “Artículo

226.- Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 227, establece: “La

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios

de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización,

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación”;

Segundo Suplemento Nº 403 - Registro Ocial

16

Lunes 25 de septiembre de 2023

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 3, menciona: “Principio de eficacia.

Las actuaciones administrativas se realizan en función del cumplimiento de los fines

previstos para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias”;

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 4, dispone: “Principio de eficiencia.

Las actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los

derechos de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia

de requisitos puramente formales”;

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 14, establece: “Principio de

juridicidad. La actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos

internacionales, a la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente

Código”;

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 22, dispone: “Principios de seguridad

jurídica y confianza legítima. Las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de

certeza y previsibilidad. La actuación administrativa será respetuosa con las expectativas

que razonablemente haya generado la propia administración pública en el pasado. La

aplicación del principio de confianza legítima no impide que las administraciones puedan

cambiar, de forma motivada, la política o el criterio que emplearán en el futuro. Los derechos

de las personas no se afectarán por errores u omisiones de los servidores públicos en los

procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido por culpa

grave o dolo de la persona interesada”;

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 28, instaura: “Principio de

colaboración. Las administraciones trabajarán de manera coordinada, complementaria y

prestándose auxilio mutuo. Acordarán mecanismos de coordinación para la gestión de sus

competencias y el uso eficiente de los recursos”;

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 31, establece: “Derecho fundamental

a la buena administración pública. Las personas son titulares del derecho a la buena

administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos

internacionales, la ley y este Código”;

Que, el Código Orgánico Administrativo en su artículo 43, instituye: “Ámbito subjetivo. El

presente Código es de aplicación a los órganos y entidades que integran el sector público,

de conformidad con la Constitución. En el caso de empresas públicas, se aplicarán las

disposiciones de este Código en lo que no afecte a las normas especiales que las rigen.”;

Que, la Ley de Seguridad Pública y del Estado en su artículo 11 literal c), establece: “(…) De

los órganos y organismos de seguridad ejecutores.- Los órganos ejecutores del Sistema de

Seguridad Pública y del Estado estarán a cargo de las acciones de defensa; seguridad

ciudadana, protección interna y orden público; prevención; gestión integral de riesgos; y,

gestión penitenciaria, conforme lo siguiente: (…) c) Prevención: Entidades responsables.-En

los términos de esta Ley, la prevención y la protección de la convivencia y seguridad

ciudadanas, corresponden a todas las entidades del Estado y a los gobiernos autónomos

descentralizados. En el ámbito de prevención para proteger la convivencia y seguridad, todas

las entidades coordinarán con el ministerio rector de la seguridad ciudadana, protección