Acuerdo. 0142 Expídese el Plan Estratégico Institucional 2022- 2025

• Fecha de publicación: 01 Diciembre 2023
• Emisor: Ministerio Del Interior

Viernes 1 de diciembre de 2023 Registro Ocial Nº 449

2

Acuerdo Ministerial Nro. 0142

Ing. Juan Ernesto Zapata Silva

MINISTRO DEL INTERIOR

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “(…) El derecho

a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de

normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicables por las autoridades competentes

(…)”;

Que, el artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador, instaura:Son deberes y

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en

la Constitución y la ley: (…) 11. Asumir las funciones públicas como un servicio a la

colectividad y rendir cuentas a la sociedad ya la autoridad, de acuerdo con la ley (…)”.

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la invocada Norma Constitucional, dispone a las

ministras y ministros de Estado: “(…) Ejercer la rectoría de las políticas públicas del área a

su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones administrativas que requiera su gestión (…)”;

Que, el artículo 226 de la Carta Magna, establece: "Las instituciones del Estado, sus

organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en

virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean

atribuidas en la Constitución y la ley, Tendrán el deber de coordinar acciones para el

cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en

la Constitución";

Que, el artículo 227 de la Norma Suprema, prescribe: “La administración pública constituye

un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,

jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación,

transparencia y evaluación”;

Que, el artículo 280 de la Constitución de la República del Ecuador, instaura:“EI Plan

Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y

proyectos públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y

la asignación de los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia será de carácter

obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores.”

Que, el artículo 3 del Código Orgánico Administrativo, dispone: Principio de eficacia. Las

actuaciones administrativas se realizarán en función del cumplimiento de los fines previstos

para cada órgano o entidad pública, en el ámbito de sus competencias.”;

Viernes 1 de diciembre de 2023Registro Ocial Nº 449

3

Que, el artículo 4 del Código Orgánico Administrativo, dispone: Principio de eficiencia. Las

actuaciones administrativas aplicarán las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos

de las personas. Se prohíben las dilaciones o retardos injustificados y la exigencia de

requisitos puramente formales.”;

Que, el artículo 14 del Código Orgánico Administrativo, señala: Principio de juridicidad. La

actuación administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a

la ley, a los principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente Código. La potestad

discrecional se utilizará conforme a Derecho.”;

Que, el artículo 22 del Código Orgánico Administrativo, prescribe: “Principios de seguridad

jurídica y confianza legítima. Las administraciones públicas actuarán bajo los criterios de

certeza y previsibilidad. La actuación administrativa será respetuosa con las expectativas

que razonablemente haya generado la propia administración pública en el pasado. La

aplicación del principio de confianza legítima no impide que las administraciones puedan

cambiar, de forma motivada, la política o el criterio que emplearán en el futuro. Los

derechos de las personas no se afectarán por errores u omisiones de los servidores públicos

en los procedimientos administrativos, salvo que el error u omisión haya sido inducido por

culpa grave o dolo de la persona interesada.”;

Que, el artículo 31 de la norma legal ibídem, manifiesta: Derecho fundamental a la buena

administración pública. Las personas son titulares del derecho a la buena administración

pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos

internacionales, la ley y este Código.”;

Que, el artículo 43 del Código Orgánico Administrativo, establece: Ámbito subjetivo. El

presente Código es de aplicación a los órganos y entidades que integran el sector público, de

conformidad con la Constitución. En el caso de empresas públicas, se aplicarán las

disposiciones de este Código en lo que no afecte a las normas especiales que las rigen (…).”;

Que, el artículo 45 del Código Orgánico Administrativo, menciona: Administración Pública

Central. El Presidente de la República es responsable de la administración pública central

que comprende: 1. La Presidencia y Vicepresidencia de la República. 2. Los ministerios de

Estado. 3. Las entidades adscritas o dependientes. 4. Las entidades del sector público cuyos

órganos de dirección estén integrados, en la mitad o más, por delegados o representantes de

organismos, autoridades, funcionarios o servidores de entidades que integran la

administración pública central (…).”.

Que, el artículo 9 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, prevé: La

planificación del desarrollo se orienta hacia el cumplimiento de los derechos

constitucionales, el régimen de desarrollo y el régimen del buen vivir, y garantiza el

ordenamiento territorial. El ejercicio de las potestades públicas debe enmarcarse en la

Viernes 1 de diciembre de 2023 Registro Ocial Nº 449

4

planificación del desarrollo que incorporará los enfoques de equidad, plurinacionalidad e

interculturalidad.";

Que, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas en su artículo 54, determina:

Planes institucionales. -Las instituciones sujetas al ámbito de este código, excluyendo los

gobiernos autónomos descentralizados, reportarán a la Secretaría Nacional de Planificación

y Desarrollo sus instrumentos de planificación institucionales, para verificar que las

propuestas de acciones, programas y proyectos correspondan a las competencias

institucionales y los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.”;

Que, el artículo 1Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, establece: (…)

establecer y mantener, bajo la dirección de la Contraloría General del Estado, el sistema de

control, fiscalización y auditoría del Estado, y regular su funcionamiento con la finalidad de

examinar, verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y objetivos de las

instituciones del Estado y la utilización de recursos, administración y custodia de bienes

públicos.”;

Que, el numeral 200-02 de la Norma de Control Interno, señala: “Las entidades del sector

público y las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos,

implantarán, pondrán en funcionamiento y actualizarán el sistema de planificación, así como

el establecimiento de indicadores de gestión que permitan evaluar el cumplimiento de los

fines, objetivos y la eficiencia de la gestión institucional.”;

Que, la Norma Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa

en su artículo 19, menciona: “Planes Institucionales.- Los planes institucionales son

instrumentos de planificación y gestión, a través de los cuales, cada entidad del sector

público, en el ámbito de sus competencias, identifica y establece las prioridades

institucionales de mediano y corto plazo, que orienten la toma de decisiones y el curso de

acción encaminado a la generación y provisión de productos (bienes y/o servicios) a la

ciudadanía o usuarios externos, debidamente financiados (recursos permanentes y/o no

permanentes), a fin de contribuir al cumplimiento de las prioridades establecidas en los

Planes Sectoriales y/o Plan Nacional de Desarrollo.”;

Que, el Decreto Ejecutivo 381 de 30 de marzo de 2022 en su artículo 1, instaura: “Escíndase

del Ministerio de Gobierno, el Viceministerio del Interior y créese el Ministerio del Interior,

como organismo de derecho público, con personalidad jurídica dotado de autonomía técnica,

administrativa, operativa y financiera, encargado de formular las políticas para seguridad

ciudadana, protección interna y orden público. El Ministerio del Interior estará dirigido por

un ministro de Estado que será nombrado por el Presidente de la República (…).”;