Acuerdo. 0135 Subróguense las funciones de Ministra, a la Magíster Sandra Molina Barreiro, Viceministra de Seguridad Ciudadana

• Fecha de publicación: 27 Noviembre 2023
• Emisor: Ministerio Del Interior

Lunes 27 de noviembre de 2023 Registro Ocial Nº 445

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Acuerdo Ministerial No. 0135

Ing. Juan Ernesto Zapata Silva

MINISTRO DEL INTERIOR

Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: “(...)

El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y

en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicables por las

autoridades competentes (...)”;

Que, el numeral 1 del artículo 154 de la Constitución de la República del Ecuador,

dispone a las ministras y ministros de Estado: “(...) Ejercer la rectoría de las

políticas públicas del área a su cargo y expedir los acuerdos y resoluciones

administrativas que requiera su gestión (...)”;

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, manda: “Las

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores

públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán

solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución

y la ley, Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines

y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la

Constitución”;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, determina: “La

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración,

descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y

evaluación”;

Que, el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, determina:

“(...) Ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por

los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por omisiones, y serán

responsable administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de

fondos, bienes o recursos públicos. Las servidoras o servidores públicos y los

delegados o representantes a los cuerpos colegiados a las instituciones del Estado,

estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho,

concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas

correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos, los juicios se iniciarán y

continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también

se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las

calidades antes señaladas (...)”;